Las pymes al límite: su rentabilidad se hunde y no pueden pagar las facturas por los costes y los sueldos

Las pequeñas y medianas empresas españolas se encuentran al límite. La escalada de sus costes y de los salarios ha hundido su rentabilidad, por lo que tienen enormes dificultades para pagar las facturas: por eso, la morosidad empresarial se disparó un 42% en el primer trimestre del año. Y el futuro pinta todavía más negro, ya que muchas de estas firmas han puesto en marcha planes de contingencia para reducir su actividad.

A pesar de la recuperación postpandemia del arranque de 2022, los costes han subido más que las ventas para el conjunto de las pymes: los costes totales subieron un 23% en el primer trimestre de 2022 mientras que las ventas crecieron un 19,8%, según datos de Cepyme. Esto implica que sus márgenes se han desplomado y, con ellos, su rentabilidad, que cayó en el primer trimestre por octavo año consecutivo y se situó en el 3% frente al 3,7% de 2019.

Esta subida de costes tiene como estrella los precios de la energía, pero no es lo único que se ha disparado para las pymes. Los suministros y materiales necesarios para cada actividad también se han encarecido notablemente, puesto que la inflación se ha extendido ya al conjunto de la economía.

Y también han tenido un fuerte impacto los costes laborales, a pesar de que los sueldos registran subidas todavía inferiores al IPC. Durante el primer trimestre de 2022, los costes laborales subieron un 5,7% de media, que se acumula al 5,1% de 2021. Además, las pequeñas empresas sufrieron un incremento mayor, con una subida del 6,3% frente al 4,1% de las medianas. Una tendencia que se agrava con la subida de las cotizaciones de los autónomos, ya que en la mayoría de los pequeños negocios el propietario (y, habitualmente, su familia también) es trabajador por cuenta propia.

La citada escalada de la morosidad supone otro grave problema para las pymes que quieren cobrar las facturas y no pueden, es decir, para las acreedoras: normalmente, consiguen esa liquidez mediante créditos bancarios hasta que por fin logran cobrar. Y dichos créditos han incrementado notablemente sus precios debido a la subida de los tipos de interés. Los deudores -los que deben pagar las facturas- en teoría deben asumir un sobrecoste del 8% si se retrasan más de 60 días respecto a la fecha de vencimiento, pero en la práctica esta cantidad casi nunca se abona.

Los tipos de interés que aplica la banca suponen una amenaza más general para el tejido de pequeñas y medianas empresas, debido a su elevado endeudamiento: en 2021, el pasivo de las pymes sobre su patrimonio neto creció 10 puntos porcentuales, hasta el 96%. Parte de este porcentaje se debe a los créditos ICO que han empezado a vencer en junio.

Planes de contingencia y concursos de acreedores

Esta situación ya está provocando dos consecuencias de enorme gravedad, que se acentuarán en los próximos meses y alimentan la más que probable recesión. La primera es que muchas pymes han puesto en marcha planes de contingencia, que contemplan medidas como reducir sus horarios, ajustar stocks, reestructurar sus planes de producción e, incluso, cierres temporales, parciales o totales. Es decir, les sale mejor abrir menos horas o menos días, ya que las ventas que conseguirían no compensan el aumento de los costes.

La segunda es que vamos a ver una explosión de los concursos de acreedores tras el fin de la moratoria que se decretó por la pandemia. Ya ha empezado a notarse en julio, con la cifra más alta desde 2014 (774), pero los expertos esperan una explosión a partir del 30 de septiembre, ya que las empresas tienen dos meses hábiles (agosto es inhábil) para declarar la suspensión de pagos tras el fin de la citada moratoria el 30 de junio.